LA COMISIÓN DEL 2%, EN LAS ADJUDICACIONES, ¿ES CORRUPCIÓN O ES LEGAL?

Para completar los enfrentamientos políticos y legales sobre la declaración de culpabilidad del FGE, Álvaro Garcia Ortiz, vivimos simultaneamente similar discusión sobre si la ahora famosa comisión del 2% reflejada en el último informe de la OCU, que ha puesto a los pies de los caballos a Santos Cerdán y a su familia, que cobraba Servinabar de Acciona por las adjudicaciones de obra pública, es corrupción o es legal y empezaremos con dos defensoras de la legalidad: la presentadora de TVE Silvia Intxaurrondo y la ministra de Hacienda y viceprimera presidenta, Maria Jesús Montero. Ambas estan siendo objeto de burlas,, cuando no van tan descabelladas.

La presentadora y directora de la Hora de la 1, Silvia Intxaurrondo y su colaborador Mateo Balín, de la agencia Colpisa, tras años crucificando al hermano de Díaz Ayuso por cobrar comisiones por su trabajo, ahora imitan a Sánchez y cambian de opinión, son algo bueno o, al menos, dentro de la legalidad: "Una comisión reflejada por contrato, firmado por Servinabar y Acciona, es legal", dice casi entre risas la presentadora. Si eso es así, también se alegrarán de esta versión los acusados de la Diputación de Almería del PP y su detención por sus comisiones elevadas en la venta de mascarillas, durante la pandemia. También me suena una acusación similar a Luis Medina por venta de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid. Alberto Luceño y Luis Medina, Marques de Villalba, se sentaron en el banquillo el pasado año en el mes de febrero, durante ocho sesiones, acusados de estafar al Ayuntamiento de Madrid en la pandemia, cuando firmaron tres contratos para la compraventa de mascarillas, guantes y test de coronavirus por valor de 11,9 millones de dólares y por los que cobraron una comisión total de unos seis millones; solo engatillaron a Luceño, por fraude fiscal pues Luis Medina si declaró el millón que cobró por su gestión y salió absuelto. Similar situación a la del novio de Ayuso y ya veremos si no alcanza a los acusados de la Diputación de Almería. La absolución de Luis Medina se basaba en que no habían pactado ninguna comisión previamente al suministro y por tanto no había estafa ni engaño.

La presentadora y directora de la Mañana en la 1 argumenta que el famoso 2% pactado entre Acciona y Servinabar es un pacto entre empresas sin funcionarios y por tanto es legal, aquí no ha pasado nada, circulen, es lo único que le queda por decir a Silvia Intxaurrondo sobre el informe que la UCO le ha dedicado a Santos Cerdán y que se hizo público el pasado martes. Un informe que, según todos los analistas, deja al pie de los caballos al propio ex secretario de organización del PSOE, a su antecesor José Luis Ábalos y, por supuesto, a Koldo García,

https://www.libertaddigital.com/espana/politica/2025-11-20/el-desesperado-y-fallido-intento-de-intxaurrondo-por-salvar-a-cerdan-de-entrada-legal-7322596/

En sintonía con Intxaurrondo, el pasado junio, en relación con el caso Koldo, la ministra Montero, decía que el último informe de la OCU “no habla de ilegalidad” en las contrataciones, afirmando que «Se pueden vender mordidas sin que ello suponga que haya habido alguna irregularidad en ese contrato». Solo cita la posibilidad de que haya habido pagos ilícitos —que, al margen del contrato, sí son delito—, pero no de que los concursos fueron legalmente amañados, subrayando la distinción entre cohecho y manipulación técnica del procedimiento. Vamos que Servinabar actuaba no como una UTE al uso sino más bien como un lobby para conseguir obras por sus conocidos pero sin distorsionar la adjudicación por compra de un funcionario. Una de las artes más importantes en el mundo de la política es la de mandar sin ser visto. La vieja figura del que ordena sin que se sepa. Que se lo digan a Cerdán, por ejemplo, la estrella de la semana. Su presencia en la gestión de obra pública puede impresionar al funcionario de turno, pero no es ilegal si no ofrece mordidas. Puede dudarse si ofrece gabelas como destino, lista electoral y futuros favores si tiene problemas y necesita refugiarse en alguna empresa. Pero esto es dificil de demostrar. En cualquier caso el 2% pactado que Acciona pagaba a Servinabar es legal y asciende a algo más de seis millones de euros por las varias obras, cinco, con un presupuesto global de 300 millones.

El susurrador de favores y peticiones

Para los que no estén muy familiarizados con el tema, les comento que una UTE (Union Temporal de Empresas) es un empresa que se crea mediante varias empresas, mínimo dos, para unir sus medios y conocimientos para ofertar y ejecutar obras y así en unión, ser más atractivos para la Administración que contrata la obra. Como Ingeniero de Caminos he participado en varias UTEs a lo largo de mis 35 años trabajando en obra pública y privada. Hace años, al menos 30, en el Pais Vasco, la Administración empezó a favorecer a las UTEs frente a la empresa unitaria porque al ser empresa de nueva creación, la UTE, pagaba sus impuestos en la autonomía que ofertaba la obra, mientras que la unitaria, pagaba en donde tenía su sede social. También servia para hacer favores a pequeñas empresas que luego podrían agradecerle; además de mejorar la Clasificación del contratista. En estos casos las empresas de la UTE organizaban la obra con personal y medios de las participantes y al final los resultados se repartían en funciónde su participación. Iban a pérdidas y ganancias pero tener garantizado un 2% entre ellas me parece un poco raro, más de lobby pero como no intervienen funcionarios es dificil hablar de mordidas y corrupción.

Tras esta breve explicación, parece evidente que Servinabar no aportaba nada a la gran constructora que es Acciona y recuerdo que en ninguna se pagaba un porcentaje solo por poner su nombre y en este caso es lo que se hace. Naturalmente se firma un contrato y escritura de creacion de la UTE y es el argumento para blanquear el 2% que Servinabar cobraba independiente del resultado económico de la obra. Parece más el cobro típico de una comisión por traer la obra y ahí aparece la importancia de Santos Cerdan con sus conocidos en la Administracion socialista del Miniserio correspondiente. Parece lógico pensar que Acciona consideraría ese 2% como un coste fijo y su oferta sería un 2% más cara que si no existiera ese 2% y al final sería un sobrecoste para el Estado, no una mordida y subir la oferta podría evitar la contratación, por lo que supongamos que Acciona prefería restar ese 2% de su resultado si así conseguía la obra. Resulta curioso y anómalo, como en la UTE para reacondicionar el puente de Sevilla, que Servinabar solo aportaba una persona, el cuñado de Santos Cerdán. Vamos que de una UTE tradicional, nada de nada, pero de corrupción, tampoco. 

Beneficiados resultaron diversos personajes que fueron contratados por Servinabar, como la exmano derecha de Montero, cuando salió de la SEPI. Tambien cobraron la mujer, cuñado y hermana de Santos Cerdan pero no tiene asomo de ilegalidad pues como empresa privada puede contratar y pagar libremente. Tambien se habla del uso de tarjetas de Servinabar para pagar gastos del propio Cerdán y familia y alquiler de la vivienda en Madrid a 3.000€/mes. Pero no deja de ser un reparto de beneficios para quien posee el 45% de Servinabar. Ahora interesa reconocer esa participación.

 

La tarjeta también cubrió gastos de comidas y estancias de Santos Cerdan en eventos socialistas y mítines de Pedro Sánchez. Si esos gastos se los ahorraba el partido, pues sería corrupción del partido. Otra opción es que Santos guardara los justificantes y los transformara en dinero blanco o negro (en función de la declaración ante Hacienda) a traves de la caja del partido; esa que el gerente decía que no se controlaba mucho. Pero complicado meterle mano legalmente. Se puede sospechar o pensar pero nada más.

Se trata de una actuación similar a la de la empresa de Pepiño Blanco, ACENTO, en la que tambien está Alfonso Alonso (ex alcalde de Vitoria del PP), como presidente y a la que en algún momento pertenecieron Antonio Hernando, Oscar López y el propio Pedro Sánchez.

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