LA IMPUTACION DE CHAVES Y GRIÑAN ALCANZA A LA JUNTA. LA MINA DE AZNALCOLLAR, NEPOTISMO DE LA JUNTA

Albert Rivera se enfrenta a sus primeros retos por su apoyo a Susana Díaz, otorgado a bajo precio (sin esperar a la renuncia de Chaves que implicaba a la cúpula de la Junta) por las prisas de Juan Marín Lozano por alcanzar un acuerdo de investidura; aunque acababa de saltar el presunto escándalo en la adjudicación de la puesta en servicio de la mina de Aznalcollar. Veremos como se conjuga este asunto que ha contado con el apoyo explícito, del susodicho Juan Marín, a la transparencia en la adjudicación. Hoy 25 de julio acaban de imputar a los expresidentes y eso tiende una sombra de duda sobre Susana Díaz. Es bien conocida la buena relación de Marín con el PSA, con quien ha colaborado durante varios años en el Ayuntamiento de Sanlúcar desde el puesto de primer teniente de alcalde; además llevaba el Área de Promoción y Desarrollo de la ciudad y era delegado de Formación y Promoción de Empleo, Fomento de Empresas, Comercio y Turismo

En varios artículos de prensa se recoge que la jueza que investiga la adjudicación por haber encontrado incompleta la documentación y que incluso algún documento vital no estaba incluido. Estos "más" que indicios de negligencia, incumplimiento de la Ley y la falta de observación de las mas elementales documentaciones solicitadas en el concurso, motivó una petición de ampliación de la documentación y una vez recibida, la Jueza ha rechazado la referida documentación complementaria (esa que a Marín le parecía cristalina) por repetida e insuficiente. Interesándose además la jueza por el motivo por el cual el grupo empresarial adjudicatario de los derechos no fue "descalificado" del concurso internacional al "fallar en el cumplimiento de los requerimientos básicos medioambientales y ha ordenado tomar declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía.




La mina está inundada por los años de paralización y el tratamiento medioambiental del agua contaminada es uno de los puntos básicos de concurso 
También para terminar de completar "la presunción de trato de favor" se publica en diversos periódicos que la misma empresa que denunció la "supuesta" adjudicación fraudulenta (suspendida cautelarmente por Susana Díaz), denuncia que a favor del mismo grupo empresarial se produjo un error de la Junta de Andalucía, que permitió a una empresa del grupo Magtel eludir una multa de tres millones de euros por incumplir la Ley del Sector Eléctrico. Resumo brevemente esta noticia, que podéis ampliar en este enlace:

http://www.elmundo.es/andalucia/2015/06/21/558689ca268e3ea2358b456e.html

El grupo cordobés Magtel está detrás de Minorbis, el consorcio adjudicatario del concurso de la mina de Aznalcollar, y además está siendo investigado por presunto tráfico de influencias en la concesión de «numerosas ayudas y subvenciones» por parte de la Junta de Andalucía.

La Castilleja Energía SL pudo eludir la multa millonaria porque la resolución incurría en un defecto de forma sorprendente: el consejero no era el competente para imponer una multa de tal cuantía, limitada su competencia a 600.000 €. Sanciones de esa cuantía solo puede imponerlas el Consejo de Gobierno de la Junta.

La Junta de Andalucía devolvió el dinero al fondo de inversión propietario de La Castilleja Energía y éste, a su vez, transfirió el dinero a un juzgado de Madrid donde la sociedad Renovalia había demandado a Magtel reclamándole dos millones de euros. La empresa Emérita Resources, aspirante en el concurso de la mina de Aznalcollar, amplió su denuncia al entender que la Junta devolvió el dinero «en un tiempo récord» en contra, aseguraba, de lo habitual.

 La Junta de Andalucía, promovió un concurso internacional destinado a ofrecer de nuevo los derechos de explotación del complejo minero, de casi 950 hectáreas de superficie y con unas reservas constatadas de 35 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, principalmente cobre, plomo y zinc, además de oro y plata, y recursos probables por otros 45 millones de toneladas.

 En la pasada campaña electoral de 22 de marzo, Susana Díaz hizo de su reapertura una promesa estrella, tras su cierre por la catástrofe del vertido de Boliden de 1998.

Estos casos si son motivo de poner en duda la limpieza de la Junta y del PSA y por tanto cuestionar el apoyo de Ciudadanos; pero claro no llegará a la opinión pública andaluza porque Juan Marín admitió, tiene bemoles, que la televisión autonómica (Canal Sur) siga controlado por los socialistas; cuando una de las exigencias prioritarias para dar el apoyo de Ciudadanos a Cristina Cifuentes era liberar a Telemadrid del control político.

Susana Díaz y Juan Marín, contentos de haberse conocido

El Tribunal Supremos acaba de imputar a Chaves, Griñan Viera y Zarrias, es decir a los máximos dirigentes del PSA, por prevaricación administrativa, en el caso de los ERES. Teniendo en cuenta que hay más de 250 altos cargos imputados, es evidente que era un montaje desde la cabeza de la Junta que repartía cientos de millones de euros entre los afines y así comprar fidelidades y lógicamente en el reparto algo caía en el bolsillo de los repartidores. Pero  Susana Díaz es la heredera de Griñan, que lo fue de Chaves. En Ferraz se enorgullecen de la ética de las dimisiones, cuando deberían avergonzarse, lo cual es verdaderamente aclaratorio sobre su ética que durante décadas dejaron hacer sin tomar medidas; Chaves ha sido Presidente del PSOE; ahí es nada.

No olvidemos que al final el beneficiario indirecto del caladero de votos era el propio PSOE, ni podemos dejar de lado lo declarado por un sonriente Griñán a los periodistas a la salida del Tribunal Supremo tras  haber declarado durante cuatro horas como imputado "No creo que hubiera un gran plan pero sí un gran fraude"



Griñán a la salida del Tribunal Supremo tras declarar que fue un gran fraude

Griñán, que era consejero de Economía y Hacienda en la etapa investigada, ha insistido en que en todo caso habrían ido dirigidos a otra consejería, la de Empleo, que estaba a cargo de José Antonio Viera (también imputado por malversación). Viva la camaradería.

El magistrado Alberto Jorge Barreiro  , en sus ciento y pico hojas explicativas, hace una radiografía de una orgía política que solo puede explicarse por el dominio absoluto, durante años, del poder del PSOE. Para el magistrado, en el reparto de las subvenciones a empresas, pagos de honorarios exagerados a intermediarios, emboscados entre los perceptores.......  se estaba disponiendo de los caudales públicos en perjuicio de la Junta de Andalucía y en beneficio lucrativo ilícito de terceros

Administrador que administra y enfermo que enjuaga, algo traga Ejemplo: un exconsejero, de empleo, se introdujo así mismo en el ERE de las Bodegas González Byas  y cobró 400.000€ (dentro de los 12 millones detectados por ahora), ¿pero cuanto había injustificado y sobre dotado en los 17 (incluidos en los 721)  millones que recibió la empresa a cambio de incluirle?. Desde que la Sexta publicó este cuadro hace dos años, el total de los 721 millones ha subido hasta los mil. Tenemos pues algunos mas de los 80 millones en comisiones y falsos jubilados y ¿ cuanto malgastado del resto hasta los mil millones?.



Esquema de los ERES publicado por la Sexta en 2013

Se estaba haciendo un ejercicio arbitrario del poder, que tenían atribuido como integrantes del Consejo de Gobierno, poder que se desviaba hacia unos objetivos que tenían un componente claramente ilícito por el sistema arbitrario aplicado.

¡¡¡ Esto sin meternos con Mercasevilla.!!! y Susana Díaz de perfil con la complicidad de Ciudadanos que se da por satisfecho con la dimisión de Chaves.