En este bochornoso espectáculo, tan dañino para la institución encargada del espionaje y contraespionaje española, el CNI, Oriol Junqueras se permitió aportar su grano de arena al definir su eficacia con la frase: "el 1O no fueron capaces de localizar ni una urna". En efecto, el CNI tocó fondo en Cataluña el 1 de octubre de 2017. Verdad, aunque duela, que por si sola sería suficiente para haber descabalgado a más de un alto cargo de "La Casa"; pero ésta se recuperó y dos años después, en gran medida, fue el responsable de neutralizar Tsunami Democràtic; una trama clandestina que estaba detrás de las durísimas algaradas que provocaron el caos en Barcelona después de que el Tribunal Supremo condenara a los líderes del procès. El espionaje o investigación fue reconocido por Sánchez, el de lengua larga, en una entrevista, en directo, de Pedro Piqueras en octubre de 2019. En ese encuentro televisivo, Sánchez desveló que «los servicios de Inteligencia» estaban trabajando -como admitió Paz Esteban- para demostrar si existían «vínculos entre los responsables políticos y algunas plataformas», como el autodenominado Tsunami Democràtic, que llamaban «a la agitación y la violencia» Como esas investigaciones frenaron las algaradas, los indepes se la tenían jurada y han aprovechado que Sánchez les ha puesto en suerte a los investigadores, cuando les ha echado en cara que los pillaran espiando a quienes, efectivamente, debía espiar por el bien de España. Reconoció la investigación a 18 implicados en el independentismo frente a los 65 que aparecían en un estudio canadiense sin más valor probatorio hasta que Sánchez montó el esperpento. Por cierto, recordemos como Jordi Pujol se vanagloriaba de los dosieres que tenía, gracias a sus pata negra y con los que podía hacer caer al Estado. También Rubalcaba le espetó a un diputado que tuviera cuidado con lo que hablaba pues él lo escuchaba todo. Ahora va a resultar que Villarejo es una anormalidad, así como el espionaje industrial o el que ahora achacan a Colau para ganar el ayuntamiento de Barcelona, aunque no era la más votada.
Lo razonable habría sido negar la mayor pero Sánchez es único humillando y reconoció explicitamente que ese espionaje era cierto y además al reconocerlo, caso único entre los dirigentes mundiales, los humillaba aún más; sin importar que quienes tenían el deber de mantener su móvil libre de ataques informáticos se encontraba en los despachos de Moncloa y con un centenar de ¿expertos? dedicados a ello. El colmo ha sido la cortina de humo de la sustitución de la ex directora, Paz Esteban. ¡Cuidado con remover las cloacas y ofender a quienes las mantienen! Entre la oposición y los propios socios del gobierno, crece la sospecha de que el propio gobierno incurrió en negligencia poniendo en riesgo la seguridad del Estado y, por eso, piden dirimir las responsabilidades de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y rechazan que se dé carpetazo con la destitución de la directora del CNI. En cualquier caso, el daño a la institución está hecho y bien hecho
Pero entre las muescas del revolver de Sánchez, la exdirectora del CNI, Paz Esteban, no ha sido el único ni será el último alto cargo en caer. Empezó con Edmundo Bal, aireado en el control parlamentario del pasado miércoles; con el que Sánchez estrenó en 2018 su guillotina para altos servidores del Estado; luego vendrían Manuel Sánchez Corbí, el coronel Pérez de los Cobos, Margarita Mariscal de Gante,..., la última, por ahora, Paz Esteban. Cierto que lo ha intentado y fracasado con algunos jueces independientes, como Llarena. Afortunadamente hay una gran parte del Estado que no está vendido a su chantaje. Ahora le ha tocado el turno de ser desprestigiado al CNI, como antes sufrieron igual lógica la Fiscalía General con Lola Delgado; el CIS con Tezanos; la Presidencia del Congreso con la obediente Batet; la Corona, cada vez con menos agenda; el Consejo de Transparencia, que no responde a las peticiones sobre el uso del Falcon; las grandes empresas públicas, con Blanco, el marido de Teresa Ribera, Montilla... en puestos claves de los respectivos Consejos de Administración; también interviene en los altos tribunales con decisiones favorables a las excarcelaciones de etarras; el Consejo de Estado;...; y todo lo que pueda chocar con sus ambiciones ilimitadas, que se verán justificadas y al alcance de su mano con la Nueva ley de Seguridad Nacional, que le concede poderes casi ilimitados en caso de crisis y en cuya aprobación inicial ha acudido el PP a salvar a un Sánchez abandonado por sus socios habituales.
Entre los pagos, que no paran, de Sánchez a sus Frankenstein, como la cabeza de Paz Esteban, tenemos la concesión al lehendakari Iñigo Urkullu, del nombramiento de los secretarios municipales vascos ya en 2022. Los primeros que no serán "habilitados nacionales". Estos primeros 55 secretarios locales tendrán que acreditar como requisito un nivel de euskera equivalente al C1 en un sistema de selección y formación propios. El presidente Sánchez incluyó esta petición del PNV en la última Ley de Presupuestos que formaba parte de las exigencia de Andoni Ortuzar para apoyar las Cuentas de 2022. Tanto PP como Vox denunciaron ante el Tribunal Constitucional esta reforma encubierta de la Ley de Bases del Régimen Local.
Para terminar, otro desastre que nos aguarda por la arbitrariedad política, en el uso del poder, por parte del presidente del Gobierno que podría ocasionar un perjuicio casi incalculable, por su desbordante cuantía, a las arcas del Estado. Se produce por el confinamiento impuesto por el Estado y los daños ocasionados a las empresas por la decisión, que no contaba con el paraguas legal necesaria para adoptarla. Todo lo que toca se transforma en desastre, pero se resolverá con las bajas remuneradas por la menstruación dolorosa y el aborto sin autorizaciones paternas para menores de 16 años. Tampoco perdamos de vista las prontas salidas de los mayores asesinos de ETA, con la connivencia de algunos jueces amigos y obedientes.
Para mayor abundamiento, en el cúmulo de mentiras del gobierno, comentar que el año pasado se firmaron dos contratos con una empresa especializada, para proteger las comunicaciones de Defensa. Entre ambos, el importe ascendió a 1.153.263 euros. No hubo concurso público alguno, sino que el Ministerio lo negoció directamente con Epicom, sin publicidad.
https://www.abc.es/opinion/abci-carlos-herrera-muert os-sanchez-202205122341_noticia.html
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