Ayer me encontré con un artículo de OK diario sobre el pasado del Secretario General de UGT en una estafa inmobiliaria como la de PSV. Efectivamente resulta curioso observar cómo el actual Secretario General de la UGT fué secretario general de la misma, en Cataluña, desde 1990 hasta 2016 y por tanto le pilló de lleno la quiebra de la cooperativa PSV (promoción social de viviendas); fundada en 1988, para promover la construcción de miles de viviendas a bajo precio para trabajadores en España. La quiebra de la promotora, en diciembre de 1993, provocó la intervención del Gobierno del PSOE por disponer la cooperativa de solares públicos, aunque cedidos, para la edificación. Como consecuencia de la instrucción del caso, se destaparon irregularidades en la gestión de las aportaciones de los trabajadores y el secretario general del sindicato, Nicolás Redondo, renunció a presentarse a la reelección. Los afectados fueron 20.000 cooperativistas que vieron como parte de sus ahorros se evaporaban o tendrían que pagar más para mantener sus viviendas que estaban en construcción.
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| Viñeta habitual contra los jefes sindicales |
Fué un caso muy sonado y afectaba a toda España, con el polígono de Valdebarnardo en Madrid. Parece ser que los gestores de la cooperativa se quedaban con una parte de las entradas a cuenta del beneficio. En lugar de dejar para el final al beneficio, si lo había, resultante de restar al valor de venta los costes originados, los primeros ingresos eran para su gestión como pago de ese supuesto beneficio final. A resultas de este método, la cooperativa se vió privada rapidamente de liquidez, teniendo que acudir a préstamos que ahogaban su funcionamiento. Al parecer, algunas entidades de crédito se negaron a financiar los proyectos megalómanos del grupo empresarial, Iniciativas y Gestión de Servicios Urbanos (IGS), del que formaba parte la cooperativa PSV. El resultado final, la quiebra y encarcelamiento del gestor Carlos Soto y de Paulino Barrabés como secretario de finanzas de UGT; este último puesto en libertadad condicionda pocos dias después.
Se da la circunstancia de que fue, precisamente, en Cataluña, donde el Juzgado de Instrucción número 1 de Badalona admitió a trámite la primera querella contra los responsables de PSV y UGT por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida de bienes. Recordemos que el secretario general de UGT en Cataluña era entonces Pepe Álvarez, que ostentó este cargo entre 1990 y 2006. El titular de aquel juzgado, Rafael Losada, halló indicios de criminalidad en las actuaciones de PSV, que debía haber construido un centenar de viviendas en terrenos del polígono Montigalá-Batllória de Badalona, en el cinturón industrial de Barcelona. Aquella querella criminal fue presentada el 22 de diciembre de 1993 por cerca de 200 afectados en Badalona por el escándalo de la cooperativa PSV.
El mismo sindicato que fue incapaz de gestionar una cooperativa de pisos como PSV, perjudicando a casi 20.000 familias en la década de los noventa, utiliza ahora el problema social de la vivienda para orquestar una huelga contra la oposición en plena precampaña electoral de las generales del próximo 29 de noviembre. Aunque tal vez la razón sea el agradecimiento a Pedro Sanchez por los 500 millones recibidos en forma de subvenciones en los 8 años de mandato. Bien es cierto que de dicha cifra "solo" le corresponden a UGT, 318 millones. Estas cantidades engloban a las confederaciones estatales, organizaciones territoriales, federaciones y entidades vinculadas. En cualquier caso, cifras casi 4 veces las entregadas por el gobierno de Mariano Rajoy. Es de bien nacidos, ser agradecidos.
































