Empezaremos con dos mentiras o dos situaciones que ahora vuelven a darse, el actual gobierno de coalición tiene la menor representación parlamentaria desde, precisamente, la IIª República y el advenimiento de la referida república no se basó en una elección directa de los ciudadanos que votaron simplemente unas elecciones municipales y aprovechando el nerviosismo cobarde del rey, se apropiaron del poder y crearon un gobierno provisional que no había salido de las urnas. Igual que Sanchez subió al poder con una escusa pueril sobre una supuesta corrupción denunciada por el juez De Prada, en un añadido a la sentencia sin valor jurídico y con un Rajoy asustado y sustituido por un bolso que no luchó. Siguen los paralelismos, empezando por la olvidada ley «dictatorial» con la que Azaña quiso erradicar todas las críticas a la Segunda República. Esta medida tan impropia de un régimen democrático como aquel entró en vigor el 22 de octubre de 1931, con el objetivo de establecer la censura y el control sobre los medios de comunicación. Se cerraron cientos de periódicos y se pusieron multas millonarias. ABC fue una de sus principales víctimas.

Ley de la defensa de la República, ahora llamada Ley Mordaza.

Siguiendo con las semejanzas, nos encontramos con tres leyes restrictivas de las libertades: libertad de prensa, libertad de elección de colegios e idioma vehicular y libertad religiosa con prohibición de la enseñanza y de las órdenes religiosas. También se afrontó la regulación de los ascensos, cierre de la Academia Militar de Zaragoza, jubilaciones anticipadas y colocación de afines en la dirección de las fuerzas armadas y fuerzas de orden público. ¿Nos suena? Entre otras disposiciones, el artículo 26 de la Constitución republicana de 1931 disuelve, sin nombrarla, la Compañía de Jesús y somete a las demás Órdenes religiosas a una ley especial votada por las Cortes que necesariamente había de contemplar la disolución de las que “constituyan un peligro para la seguridad del Estado” y la prohibición de ejercer la enseñanza a las que deban subsistir. La argumentación establecida en las Cortes por Manuel Azaña en su discurso del 13 de octubre en torno al artículo 24 de la Constitución (luego 26), fue determinante para su redacción definitiva. La base del razonamiento de Azaña residía en su entendimiento del Estado como educador, derivado de la consideración de la educación como defensa de la República y como servicio público. Celáa lo recoge en su frase de que la educación de los hijos no es responsabilidad de los padres, sino del estado.

Azaña, al igual que ahora Pedro Sanchez, no aceptó nunca la menor responsabilidad en los fracasos, echando la culpa a los demás. Sus cuadernos y escritos, según Payne, reflejan, además, la complacencia ombliguista típica de su personalidad caracterizada por la soberbia, algo común a otros muchos políticos españoles de la época, desde Alcalá-Zamora hasta Franco y añado que por nuestro actual presidente. Este factor en sí solo explica una parte del desastre nacional de la década trágica en la que España fue dirigida por unos líderes muy sectarios y autocomplacientes, con poco interés en la comprensión de sus adversarios; que poco se diferencia de la actual situación, salvo por la diferencia intelectual y curriculum, favorable a aquellos. De Azaña lamentó Alcalá-Zamora su inclinación a agarrarse a cualquier excusa para culpar de la violencia izquierdista a las derechas: una señora imprudente que provocó a los manifestantes, un cura belicoso, los fascistas…

Azaña, únicamente aceptaba unas reglas cambiantes según sus propias preferencias, con resultados que garantizaran de manera permanente la victoria de los suyos; no le importó engañar a Niceto Alcalá Zamora para que convocara elecciones en febrero del 36 y no dudó en destituirle y ocupar su lugar de Presidente, en abril, con el pretexto de que había convocado esas elecciones. Más parecido con el cínico y oportunista Sanchez; que pretende controlar todos los resortes del poder y le niega, por boca de su vicepresidente, futuro a la oposición, como cuando Dolores Ibárruri le vaticinó a Calvo Sotelo que no volvería a hablar en el hemiciclo. A Azaña se le achacó, por escritores como Agustín de Foxá e historiadores, que no hizo lo necesario para evitar la guerra civil y consintió los enfrentamientos y quema de iglesias sin dar órdenes de evitarlos pues "todos los conventos no valen la vida de un miliciano". Largo Caballero recordaría así el peso de la egolatría de Azaña en aquella trascendental destitución: "Era halagador para él obtener una revancha completa ocupando el puesto de su enemigo vencido y destituido. ¡Todos tenemos nuestras debilidades! Destronar de la presidencia a su contrario, ocupar su puesto era el logro completo de sus anhelos". ¿Nos suena a conocido entre Sanchez y Rajoy?

Miembros del autonombrado gobierno provisional de la Segunda República;
de izquierda a derecha: Álvaro Albornoz, Niceto Alcalá-Zamora, Miguel Maura,
Francisco Largo Caballero, Fernando de los Ríos y Alejandro Lerroux.

El gobierno de la República indultó a numerosos golpistas pero para comparar con la situación actual, recordemos que tras las elecciones ganadas en febrero del 36, ahora vuelven a aparecer estudios que denuncian y demuestran que hubo pucherazo, al Frente Popular, versión de nuestro Frankenstein, le faltó tiempo para restituir a los golpistas del levantamiento de Asturias y de la Generalitat; que cumplían la condena dictada por tribunales republicanos. Ahora el gobierno sacará una modificación para reducir los cargos por secesión y rebelión; o directamente los indultará. La República los condenó a penas en torno a los 30 años (Lluis Companys). En 1932 tras la Sanjurjada, se condenó a muerte a Sanjurjo, conmutada por 30 años, aunque luego se le amnistió y él se exilio a Estoril.

Luís Companys en su juicio por rebelión /secisión

La otra gran comparación procede del desmembramiento de la unidad de España mediante el Estado de las Autonomías llevado a su grado extremo, con cesiones cada vez mayores a las históricas; pues Sanchez depende totalmente de sus votos, como acaba de comprobarse con la Ley Celaá. El cachondeo autonómico puede verse en la lucha por la pandemia, en que cada uno va por su lado. Tal desgobierno no se veía desde la IIª República, donde se levantan en armas, contra la propia República en Cataluña y Asturias, y que decir de la falta de unidad durante la Guerra Civil que llevó a Company a pedir al gobierno francés que le ayudara a cambio de volver a ser un protectorado; lo mismo que había intentado un año antes el Lendakari en Inglaterra. Esto molestaba a Azaña, pero no lo corregía. Pero no solo era esos intentos segregadores, es que cuando los gudaris retrocedieron hasta abandonar su suelo patrio, en julio del 37, les faltó tiempo para rendirse y no seguir luchando por la República. En Cataluña, otro tanto cuando más de 200.000 soldados huyen en febrero a Francia; sin hacerse fuertes aprovechando la mayor remesa de material de guerra ruso que estaba al otro lado de la frontera. Algunos cientos de esos soldados pasaron a la lucha clandestina con el maquis francés y varios miles engrosaron los batallones de la Legión Extranjera francesa, pero, ¿Cuántos volvieron al Levante a seguir la lucha por la República?, barcos tenían a los de la Compañía de Navegación, propiedad del PCF y regada con el oro del Banco de España. Soldados castellanos, extremeños y andaluces lucharon en la defensa de Cataluña pero catalanes en defensa de Madrid no pasaron de los 1.500 anarquistas de Durruti.

Esperemos que las comparaciones no terminen con el mayor fracaso de Azaña, "no evitar el enfrentamiento civil", que empieza a vislumbrarse en el Congreso, en la calle y con leyes como la Desmemoria Democrática o la Celáa.