LA CORRUPCIÓN DE LAS DEPURADORAS Y EL PROBLEMA DEL AGUA
Curiosamente, o no, vuelve a tomar fuerza una historia de corrupción en el PSOE valenciano que junto con el caso Azud y las subbenciones al hermano de Ximo Puig, pueden facilitar el cambio de presidencia en la Comunidad Valenciana, tras los próximos comicios de mayo y afectar a las posibilidades de Pedro Sanchez para las generales de finales de año. Todo esto aliñado con la guerra del agua que se ha suscitado con la propuesta de disminución del caudal del trasvase Tajo-Segura que ha comentado la ministra de transición, Teresa Ribera.
Me voy a basar en el ingente trabajo escrito y documentado por Marisa Gallero, periodista roteña de investigación y antigua colaboradora de "ABC", la Sexta, y autora del libro de investigación 'Bárcenas: la caja fuerte'. Era una experta en 'Política y corrupción' y digo era porque misteriosamente desapareció en 2019, del panorama de la prensa. No escribe en ningún periódico ni aparece en programas de actualidad en televisión. Sus últimos artículos en el periódico que dirigía Bieito Rubido son de junio de 2019 y, además, ha eliminado hasta la cuenta de Twitter. En julio de 2022 era Directora de Comunicación de Madrid Destino, empresa municipal dedicada a la gestión cultural, turística y de espacios y eventos.
La referida periodista, a principios de junio de 2018 acudió a la Comisión de Investigación sobre la financiación de los partidos políticos del Senado, que se había hecho eco de la investigación publicada en el diario ABC, por ella misma, sobre el caso Acuamed cuando esta empresa dependía del ministerio de Medio Ambiente de Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE. Todo había comenzado cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó por real decreto de 2004 con carácter “extraordinario y urgente” la adjudicación de una serie de desaladoras por la costa Mediterránea, para sustituir el agua del derogado trasvase delEbro a las cuencas del Jucar y el Segura. El Ejecutivo de Zapatero aprobó sucesivamente la construcción de 51 desalinizadoras desde Gerona hasta Málaga, con el objetivo de desalar casi 800 hectómetros cúbicos al año, volumen similar al del derogado trasvase. Ocho años después sólo hbíanan entrado en funcionamiento diecisiete de estas instalaciones, con un rendimiento que apenas supera los cien hectómetros cúbicos anuales. Seis años después, la mitad de esas plantas no estaban operativas, seis de ellas tuvieron 215 millones de euros de sobrecostes, además de gastar otros 9 millones en proyectos fallidos. hay algunas cerradas por el elevado coste del agua desalada y por su baja calidad y problemas con el vertido de la salmuera. En conjunto, un coste de 4.000 millones de euros, similar al del trasvase que financiaba mayoritariamente la UE y que resolvía y evitaba una guerra del agua.
Además, la cosa se complica más para el PSOE de Pedro Sánchez y de Ximo Puig porque las investigaciones de la UCO en el llamado caso Azud, han dibujado ya un gran caso de presunta corrupción, que retroalimenta al caso Acuamed, desde hace años investigado en la Audiencia Nacional y que suma nada menos que otros 14 millones de euros en supuesta financiación ilegal de los socialistas. La investigación de la trama de corrupción urbanística en el marco del caso Azud, un azud es una presa que desvía parte o todo el caudal de un río de su curso natural y eso fue lo que hizo con el dinero público de diversos ayuntamientos durante al menos quince años sigue sumando capítulos. El último tiene que ver con la derivada de los llamados papeles de José María Cataluña, ex tesorero del PSOE valenciano, cuyas agendas incautadas por la Guardia Civil hace más de un año, desveladas por EL MUNDO, han permitido a los investigadores seguir tirando del hilo.
Desaladora de Torrevieja
Serían los papeles del Bárcenas socialista valencianol. En el caso del PP, el extesorero habría estado llevando desde 1990 hasta 2009, papeles en los cuales se implicaba a numerosos políticos y empresarios por cobrar sobresueldos. El caso Azud es relevante, en la medida en que puede apuntalar la tesis de una posible financiación ilegal del PSPV-PSOE para las elecciones de 2007. Ahora bien, el supuesto delito electoral ya lo investigaron varios juzgados en 2018 junto al del Bloc (el antiguo Més Compromís), pero se archivó porque estaba prescrito. La fecha similares al cien veces recordado caso Bárcenas. Pagos a favor de las campañas de De la Vega y Carmen Alborch. Pepe Cataluña, dio órdenes para que algunas facturas de proveedores de gastos electorales fueran desviadas a una constructora”. Entonces, regía otra normativa electoral, ha indicado Puig en referencia a que en aquellos años no existía el delito de financiación ilegal. Se hacían facturas falsas co las que se pagaban gastos electorales, no por el partido sino por contratistas favorecidos por irregularidades urbanísticas o por adjudicaciones de obras, caso de las depuradoreas.
El ex director general de Acuamed, Arcadio Mateo, ha denunciado un despilfarro de 50 millones de euros para descontaminar el embalse de Flix (Tarragona) que ya estaba limpio. Dicha adjudicación fue realizada por la actual dirección de Acuamed ante la sospecha de posibles irregularidades cometidas por el equipo anterior.
Se imaginan estar sufriendo la peor sequía de la historia en España, tener la fábrica de agua más grande de Europa y no poder usarla por falta de electricidad? No parece posible en un país teóricamente avanzado como España, ¿verdad? Pues se equivocan. Sí, está ocurriendo. En Torrevieja.
En menos de seis meses, la empresa pública recibió 7,2 millones de euros de las constructoras de las plantas. Esas “donaciones voluntarias” se reflejaban en una hoja Excel titulada “el club de las desaladoras”.Acuamed se gastó otros 11,2 millones de euros en “propaganda, publicidad y relaciones públicas” entre 2007 y 2008, años que hubo elecciones municipales, autonómicas y generales. Entre los contratos firmados por el director de Relaciones Institucionales Joan Navarro con el visto bueno de la dirección de Acuamed se encuentran dos adjudicaciones investigadas por supuesta financiación ilegal del PSV…
La Guardia Civil ‘caza’ el indecente gasto electoral con dinero público del PSOE de Ximo Puig. Los socialistas habrían dopado las campañas de Carmen Alborch, Joan Ignasi Pla y de María Teresa Fernández de la Vega
El llamado ‘caso Acuamed’ se encamina ya en la dirección opuesta a la que empezó, un supuesto caso de corrupción de la dirección de esta empresa pública en la etapa del PP, con Arias Cañete de ministro, y apunta cada vez más a un caso de financiación ilegal del PSOE. ¿Tendrá algo que ver con el silencio mediático de Marisa Gallero?
La desaladora de Moncófar estuvo parada hasta 2019, 8 años después de su finalización. Y la inversión de dinero público en esta planta puede ser calificado sin miedo a exagerar de completamente inútil: con una demanda inexistente, se mantiene hoy en día con una operatividad real de un 2,7% de la capacidad total diseñada en su momento. La planta en cuestión fue a parar a manos de una de las empresas de la trama B de los socialistas. De 2007 a 2009, los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pasaron de asignarle 18,6 millones en gasto público a nada menos que 54,3 millones.
En su comparecencia como testigo en octubre ante la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, en el marco de la pieza separada que investiga la financiación del PSPV, Francisco Martínez apuntó directamente al extesorero de los socialistas valencianos Pepe Cataluña. Cataluña fue, según la declaración del exgerente a la que ha tenido acceso ABC, quien contrató a los proveedores para esas campañas pese a que había dejado el cargo orgánico tres años antes –en 2004– porque «tenía la capacidad para poder hacerlo» y «sabía que esos trabajos no los iba a pagar el partido sino cualquier otra empresa».
Ya empiezan a surtir efecto las disminuciones de pena por corrupción
Como comentaba con antelación, la lenta Fiscalía, tras largos meses de inexplicable retraso, se dispone ahora -qué casualidad- a establecer sus peticiones de condena para los procesados en el caso Acuamed, pero el juez ha tenido que recordar al Ministerio Público que las penas mayores de nueve años han de ser revisadas a la baja en virtud de la reforma del delito de malversación. Es decir, corruptos vinculados al socialismo y al PP se verán beneficiados por la reforma del Código Penal llevada a cabo por Pedro Sánchez para despejar el horizonte del golpista Oriol Junqueras y su objetivo de regresar a la política.
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